Respecto de la información difundida en redes sociales relacionada con la señora Julia «N.» y con la concesión de transporte a la que se hace referencia, esta autoridad considera necesario precisar que el asunto está siendo atendido con estricto apego al marco jurídico vigente y con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas.
La SMyT precisa que una concesión no puede entenderse como un acto discrecional o ajeno a un procedimiento administrativo. Debe existir un expediente, antecedentes, actuaciones, dictámenes y, en su caso, una resolución emitida por la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Es importante mencionar, que el expediente del caso en particular corresponde al año 2014, derivado de la solicitud ante la Secretaría de Transporte efectuada por el C. José Guillermo «N», en su carácter de familiar e hijo de la C. Julia «N», (titular de la concesión) acudiendo en ese entonces a dar trámite a la regularización por invalidez de la concesión, anexando un certificado de invalidez expedida en el Centro de Salud de la colonia #Copoya, de esta ciudad así como diversa documentación exigida en la ley para efectuar dicho trámite.
En consecuencia, desde esa anualidad se tiene registro del expediente de regularización, en el que se encuentran los antecedentes, actuaciones, dictámenes y, la resolución emitida por el área administrativa competente de esta dependencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Por ello, frente a las afirmaciones efectuadas por familiares de la C. Julia «N» en días recientes sobre el título de concesión expedido recientemente en favor del C. José Guillermo «N», esta autoridad ha dejado sin efectos y pausado de manera cautelar todos los trámites vehiculares, expedición de constancias, autorización de ruta, y todas las promociones realizadas acerca de este expediente, así como la concesión de mérito.
Al mismo tiempo, y con el firme compromiso de actuar con total transparencia, esta Secretaría ha ordenado el inicio de las investigaciones correspondientes, en el que se investigará la actuación de servidores públicos y exfuncionarios, de administraciones pasadas como de la presente que hayan participado en la integración o validación de las actuaciones contrarias a derecho, dándose vista a la Secretaría de Anticorrupción y
Buen Gobierno para que realice lo que en derecho corresponda.
No menos importante, en caso de detectarse cualquier tipo de irregularidad se entablarán las acciones legales correspondientes contra aquellas personas que, con dolo, mala fe, hayan presentado documentos falsos e incurrido en falsedad de declaración para alterar el expediente administrativo.
La Secretaría de Movilidad y Transporte reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica.
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