Veracruz Quinto Poder
Xalapa, Ver.— La gobernadora Rocío Nahle García volvió a demostrar que cuando la presión sube desde Palacio Nacional, en Veracruz se pisa el freno… y se da marcha atrás.
En un movimiento que exhibe fracturas internas y falta de control institucional, Nahle descalificó de facto a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, al poner en duda la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, confirmando —palabra por palabra— los dichos de la Presidenta de la República: “En México nunca ha habido terrorismo”.
La escena no es menor. Minutos después de que la Presidenta negara públicamente la existencia de dicho delito en el país, la gobernadora veracruzana se alineó sin titubeos, dejando sola a la Fiscalía y evidenciando que la acusación fue, cuando menos, jurídicamente endeble y políticamente torpe.
“La Presidenta hizo una declaración que comparto al cien por ciento”, dijo Nahle, para luego lavarse las manos con el ya clásico escudo del debido proceso, ese que solo se invoca cuando el error ya está cometido.
Más contundente aún fue su afirmación:
“No, no hay terrorismo… hay que revisar el Código Penal de Veracruz”.
Traducción política: la Fiscalía se excedió, improvisó o ejecutó una consigna mal calculada.
Con ello, Nahle no solo contradice a su Fiscal, sino que confirma que la imputación fue insostenible desde su origen, y que el uso del delito de terrorismo contra un periodista fue una apuesta fallida que hoy incomoda al poder.
La gobernadora intenta guardar las formas, pero el mensaje es claro:
cuando la narrativa federal dicta línea, en Veracruz se obedece… aunque eso implique dejar en ridículo a la propia Fiscalía.
Al final, queda una pregunta incómoda flotando en el aire:
si no hay terrorismo en México, ¿quién decidió fabricarlo en Veracruz?
Y más grave aún:
¿cuántos excesos más se cometen en nombre de una justicia que luego nadie quiere defender?
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